El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España ultima un real decreto que obligará a las mutualidades (incluyendo la de abogados) que son alternativas al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social a imponer a los profesionales una prima mínima equivalente a la cotización mínima del régimen público (254 euros al mes), con un descuento de cerca del 20%, y a equiparar también las prestaciones. La nueva norma, que está ahora en discusión con las mutualidades y los colegios profesionales, obligará también a estas a pagar las prestaciones en forma de renta mensual vitalicia (ahora era posible cobrarlas como capital, en un pago único), con una cuantía mínima equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social.

Esta reforma supondrá un fuerte aumento de los gastos para estos profesionales, especialmente para los más jóvenes, que en muchos casos realizan aportaciones muy bajas mientras están empezando su ejercicio profesional y tienen pocos ingresos, mientras que las incrementan cuando se han consolidado profesionalmente.

El aumento de primas será aún mayor porque requerirá que el profesional haga una aportación adicional para tener cobertura sanitaria con un seguro privado, puesto que esta prestación no se financia entre los autónomos con cargo a la cotización social sino con impuestos.

Es importante siempre contar con la asesoria adecuada para poder tomar las decisiones correctas.

Para algunos, esto significa “Cambir las reglas de juego a mitad del partido y dan un vuelco radical a las expectativas económicas de miles de profesionales que optaron por cotizar a la Seguridad Social, en lugar de hacerlo a su mutualidad, contando que podrían completar su pensión manteniendo algo de ejercicio libre cuando llegasen a la jubilación”. La Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía, entre otras entidades profesionales, ya han anunciado que recurrirán la nueva norma.

El problema, reconocen los profesionales, es que gran parte de quienes trabajan en régimen de autónomos cotizan por la base mínima, lo que sólo les garantiza el acceso a la pensión mínima de jubilación, situada ahora en 601 euros al mes en España. Estos profesionales, sin embargo, confiaban en seguir en ejercicio más allá de su retiro legal, reteniendo al menos una parte de su actividad profesional. Para muchos, un abogado con 65 años está en plena madurez intelectual y profesional: no tiene sentido que no pueda seguir dando asesoramiento legal. Sin embargo, para mantener la actividad privada habrán de retrasar su jubilación, pese a que con edades avanzadas difícilmente podrán mantener el nivel de actividad –y de ingresos– de cuando eran más jóvenes.

Fuentes de los colegios profesionales señalan que la reforma corre el riesgo de impulsar la economía sumergida: muchos profesionales tendrán la tentación de seguir ejerciendo sin facturar oficialmente, y haciendo que las demandas o informes que elaboren vayan firmados por otros compañeros de estudio o despacho.

Esta reforma legal afecta también a quienes cotizan como trabajadores por cuenta ajena (situación muy frecuente entre los profesores universitarios) y ejercen a la vez como profesionales liberales y, a su jubilación, como consultores, conferenciantes o asesores para la elaboración de dictámenes.

Estrategia de Desarrollo

Una estrategia corporativa efectiva es esencial para permitir a las organizaciones maximizar su potencial. El proceso de elaboración de estrategias comienza con el establecimiento de la visión de la organización y de una evaluación objetiva de su capacidad para hacerlo. La atención se centra entonces en la identificación de los recursos necesarios y en las acciones para reducir la brecha entre el estado actual y la visión.

Este análisis constituye la base para el desarrollo de un plan de implementacion que establece la hoja de ruta para la introducción de la nueva estrategia.

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Ayer uno de los grandes periodicos económicos de España, Cinco Dias, describía así la trasposición de la Tercera Directiva sobre blanqueo de capitales en un articulo titulado “La ley antiblanqueo redobla el control sobre cargos públicos y sus allegados”.

Esta Directiva, sobre todo en países del sur de Europa, esta crando cierto malestar entre las pequeñas firmas de abogados y los abogados individuales, que no se sienten capacitados ni con presupuesto para seguir este procedimiento.

“La legislación actual obliga a entidades de crédito y profesionales liberales (abogados, asesores fiscales y notarios, entre otros) a disponer de protocolos de actuación y controles de riesgo para detectar si alguno de sus clientes utiliza sus servicios para blanquear dinero. Ahora, el Gobierno, con más de un año de retraso, trabaja en la transposición de la tercera directiva antiblanqueo que no va a suponer grandes cambios para las entidades de crédito pero presenta interesantes novedades.

La principal es que las entidades y profesiones susceptibles de ser utilizadas para blanquear dinero deberán aplicar una política de control de riesgo ‘reforzada’ cuando sus clientes sean ‘personas del medio político’ nacionales o extranjeros. Es decir, ‘jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, miembros del Tribunal Supremo y Constitucional así como embajadores o miembros de los órganos de administración de empresas públicas. La medida se extiende a los padres, hermanos e hijos de la ‘persona del medio político’ así como de su cónyuge o pareja. La norma también rige para los cargos electos de la administración local y autonómica, como alcaldes y presidentes regionales.

A efectos prácticos, esto significa que bancos, casinos, notarios, abogados, inmobiliarias o asesores fiscales, entre otras profesiones, deberán ‘disponer de procedimientos adecuados para determinar si su cliente es una persona del medio político’. En caso que lo sea, los empleados necesitarán ‘la autorización de la dirección para establecer relaciones de negocios con dichos clientes así como adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos’ que entren en la relación comercial. Este celo se explica porque se considera que los cargos públicos presentan un perfil de alto riesgo.

En cualquier caso, los sujetos obligados -así los denomina la directiva- independientemente de que traten con un cargo público o no, siempre están obligados a cumplir ciertos requisitos como identificar el titular real, ya sean particulares o empresas, que pretendan establecer relaciones de negocio con ellos. Es decir, deben recabar información para saber si sus clientes actúan por cuenta propia o de terceros. Y, por otro lado, en el caso de personas jurídicas, deben conocer su estructura accionarial, así como el propósito del negocio. Cuando sospechen que uno de sus clientes pueda estar blanqueando dinero, tienen la obligación de informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El año pasado este órgano abrió casi una veintena de expedientes por incumplir la normativa antiblanqueo. Por otra parte, ante el temor de muchos pequeños despachos de no disponer de recursos suficientes para cumplir con todos los requisitos de la normativa, fuentes del Tesoro aclararon que la ley diferencia por tipo de entidades. Es decir, un gran banco tendrá más obligaciones que un humilde bufete de abogados.”

Esta misma publicación escribió el 12 de marzo un articulo sobre el mismo tema, pero mas general, y titulado “Más de un año de retraso en la ley antiblanqueo”:

En el mes de octubre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó la tercera directiva contra el blanqueo de capitales, una nueva norma que amplía las obligaciones y la responsabilidad de entidades de crédito, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias y casinos, entre otros, en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación terrorista. Cuatro años más tarde, España sigue sin transponer la directiva, cuyo plazo terminó en diciembre de 2007.

La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de la UE a España, Bélgica, Irlanda y Suecia por ese retraso. El Gobierno defiende que muchos preceptos de la normativa comunitaria ya se encuentran reflejados en el derecho interno. Sin embargo, ello aún hace más incomprensible esta demora. En marzo de 2008, la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, justificó la tardanza en que la transposición requería de ‘tranquilidad y consenso’. Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que antes del verano ya habrá un primer borrador sobre el que trabajar. El retraso de España también sorprende porque el Gobierno se ha sumado a Alemania en los foros internacionales para reclamar más dureza contra los paraísos fiscales, lugares privilegiados para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

La tercera directiva antiblanqueo presenta como novedad el llamado ‘criterio de riesgo’. Es decir, las entidades de crédito, asesores fiscales, abogados o notarios deben demostrar que poseen las herramientas adecuadas para evaluar el riesgo de que uno de sus clientes utilice sus servicios para blanquear dinero o financiar terroristas. El objetivo último es involucrar -y responsabilizar- a todos aquellos profesionales que, aún sin saberlo, puedan servir a los intereses de grupos criminales que precisan de abogados, asesores o notarios para dar una apariencia de legalidad a sus negocios.

Los ‘sujetos obligados’ -así los denomina la directiva- deben identificar a su cliente, evaluar si existe riesgo de blanqueo, obtener información sobre su propósito y aplicar medidas de seguimiento continuo al cliente. Si bien las grandes empresas cuentan con recursos y herramientas para acatar los preceptos de la normativa, los pequeños bufetes y despachos temen no poder cumplir, por su reducido tamaño, con todas las obligaciones que contiene la norma.

Cuando un asesor o notario sospecha que alguno de sus clientes puede estar blanqueando dinero tiene la obligación de informar a las autoridades competentes. En España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Los expertos consideran que la actual legislación española contra el blanqueo camina en la misma dirección que la tercera directiva y, por tanto, su adaptación al derecho interno no va a ocasionar grandes cambios. Sin embargo, también constatan que el cumplimiento de las leyes antiblanqueo es muy bajo. Así, la transposición de la directiva podría ser una excusa para que el Gobierno aumente el control sobre los ‘sujetos obligados’.”